En primer lugar daremos una definición a sistema educativo:
“Es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas
llevadas a cabo por el estado (nacional, provincial o municipal) o reconocidos
y supervisados por el a través de los Ministerios de Educación (u órganos equivalentes)
en función de la normativa nacional, provincial o municipal. El sistema
educativo comprende los niveles de enseñanza y otros servicios educativos. A su
vez, estos se organizan en distintas modalidades educativas.”
Una vez definido empezaremos con los sistemas educativos que
hemos tenido los españoles en la última mitad del siglo XXI, haciendo un
pequeño resumen de lo que ha tratado cada una de ellas.
.- LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE).- Entró en vigor en agosto
de 1970. Estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta
los 14 años e introdujo una nueva estructura de las enseñanzas, con la EGB
(Enseñanza General Obligatoria), el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente),
el COU (Curso de Orientación Universitaria) y la FP (Formación Profesional).
.- LEY ORGÁNICA DEL ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES (LOECE).-
Entró en vigor en junio de 1980 (Gobierno de UCD) y fue una ley de transición y
la primera en materia de educación que se aprobó tras la Constitución de 1978.
Introdujo un modelo democrático en la organización de los centros docentes y
reguló la creación de órganos colegiados de gobierno con representación de
todos los sectores de la comunidad educativa, entre ellas las asociaciones de
padres de alumnos.
.- LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
(LODE).- Fue aprobada en 1985 (Gobierno del PSOE). La ley mantuvo la estructura
de las enseñanzas tal y como estaban reguladas en la Ley del 70 (con la EGB y
el BUP), pero cambió el antiguo sistema de subvenciones a colegios privados por
un nuevo sistema de conciertos, que obligaba a los centros a cumplir una serie
de requisitos e imponía un baremo que les obligaba a admitir preferentemente a
los niños que residían más cerca de cada colegio, a los de menores recursos
económicos o a los que ya tenían hermanos en el centro.
Además, contempló por primera vez el derecho de profesores,
alumnos, padres y personal de administración y servicios a participar en la
gestión y funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, a través de los consejos escolares.
.- LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
(LOGSE).- Comenzó a aplicarse en el año 1992 (Gobierno del PSOE). Las
principales novedades que introdujo fueron la escolaridad obligatoria hasta los
dieciséis años; el descenso de 40 a 25 alumnos por clase y la enseñanza de
asignaturas impartidas por profesores especializados (idiomas, música o
educación física).
La LOGSE dividió los ciclos académicos de los alumnos en
Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años); Educación
Secundaria Obligatoria, ESO, (de 12 a 16 años) y Bachillerato, ciclo no
obligatorio que iba desde los 16 a los 18 años, mismo periodo en el que se
puede cursar la Formación Profesional de grado medio.
.- LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN Y GOBIERNO DE
LOS CENTROS DOCENTES (LOPEG).- Aprobada en noviembre de 1995 (Gobierno del
PSOE). Otorgaba a los centros una mayor autonomía y obligaba a los colegios
concertados a admitir a alumnos pertenecientes a minorías sociales.
El director seguía siendo elegido por el Consejo Escolar y
desempañaba el cargo durante cuatro años, en lugar de tres, y además esta
legislación supuso un refuerzo de la función inspectora y permitió hasta el año
2000 la jubilación anticipada del profesorado a los 60 años.
.- LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE).- Aprobada
en diciembre de 2002 y en vigor desde 2003 (Gobierno del PP), aunque su
aplicación fue interrumpida en 2004, tras el regreso del PSOE al Gobierno.
La ley establecía diferentes itinerarios en la ESO y el
Bachillerato, cambios de contenidos en la educación infantil, una prueba de
reválida al final del bachillerato y la asignatura de Religión evaluable y
computable.
.- LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN (LOE).- En vigor desde mayo
de 2006 (Gobierno del PSOE), esta ley derogó la LOGSE, la LOPEG y la LOCE, pero
convive con la LODE de 1985. El texto fue acompañado de una memoria económica
de 7.033 millones de euros de gasto educativo adicional entre el Estado (60 por
ciento) y las CCAA hasta 2010.
Entre las novedades, la nueva ley incluye la asignatura de
Educación para la Ciudadanía; mantiene la de Religión como oferta obligada por
los centros, pero optativa para los alumnos. Permite pasar de curso al superar
todas las materias o con dos suspensos, como máximo. Además, se blindan las
enseñanzas comunes que deben impartirse en todas las comunidades, y que deben
ser de entre el 55 y el 65 por ciento según sean comunidades con lengua
cooficial o no.
Después de este resumen que comprende todas las leyes de educación que han estado vigentes hasta el momento en el estado español, deberíamos añadir la gran evolución
que ha tenido la educación sobre la formación individual de cada alumno, y es
que poco a poco la educación no solo se ha encargado de trasmitirnos
conocimientos sino que también de preocuparse por que adquiriéramos una serie
de valores, que hoy por hoy conservamos.
Pero parándonos a pensar y dando una vuelta al pasado,
comprobamos que en apenas 44 años hemos cambiado 7 veces de ley educativa, y
contamos con una en proceso (LOMCE, la cual está provocando el descontento de
una gran parte de ciudadanos y ciudadanas) quizás eso nos haga preguntarnos
cuestiones como ¿son necesarias tantas leyes continuas en tan poco espacio de tiempo?
¿Este cambio continuo nos beneficia, o por el contrario nos perjudica?
Dando respuesta a ambas cuestiones podríamos decir que sí
que es necesario el cambio siempre y cuando sea para bien, aunque quizás el
problema está en que no hacemos una ley adecuada a todos sino que depende de
los que mueven los hilos y se crean en beneficio de ellos, en vez de hacer una
que no deba cambiarse y que funcione como en otros estados de Europa.
A la segunda cuestión, es, evidentemente, perjudicial para
nosotros los alumnos y los profesores, obligándonos a cambiar constantemente de
asignaturas, contenidos, cursos, exámenes finales, pruebas, y como no,
obligando a los profesores a amoldar los contenidos de sus asignaturas cada dos
por tres, solo porque el gobierno cambie de manos y considere que su idea es la
mejor.
Quizás podrían empezar a entender que los alumnos no somos maniquíes
para que nos prueben sus “trapos” sino que somos personas que luchamos por
nuestro derecho a la educación.
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